Mely pide no se olviden los crímenes contra líderes campesinos
*La senadora planteó reformar la Constitución para que el Estado garantice la seguridad de quienes producen; pidió que se sumen todas las fuerzas políticas, y que hagan memoria de los líderes y productores asesinados por el crimen organizado
Redacción – Dimensión
La senadora Mely Romero Celis presentó en el pleno del Senado de la República una reforma a la fracción XX del artículo 27 de la Constitución para que el Estado mexicano garantice la seguridad de las y los productores del campo frente a la extorsión y proteja la continuidad de toda la cadena productiva, desde la siembra y el acopio hasta el transporte y el abasto. Lo hizo en nombre de Bernardo Bravo, Javier Vargas Arias, Eduardo Ochoa y Samuel González Rodríguez, líderes y productores asesinados.
Para dimensionar el problema, la senadora recordó el asesinato de líderes y productores en distintos estados. En Colima, dijo, Samuel González Rodríguez, presidente de la asociación ganadera local, fue atacado a balazos al salir de su rancho en marzo de este año, apenas dos días después de rendir protesta para un nuevo periodo.
Ese mismo mes, Eduardo Ochoa, productor y exportador de plátano, fue secuestrado por un grupo armado en Cerro de Ortega y días después fue asesinado.
La senadora mencionó también a Javier Vargas Arias, empresario citrícola asesinado el 23 de octubre de 2025 en Álamo Temapache, Veracruz, quien, según testigos y vecinos, había sido víctima de extorsiones y amenazas de muerte.
Recordó además que ayer se cumplió un año del asesinato de Bernardo Bravo, líder de los limoneros del valle en Michoacán, quien denunció en repetidas ocasiones que el crimen organizado les cobraba por cada kilo de limón cortado.
“De Michoacán a Veracruz, de Colima, del Pacífico al Golfo, el campo mexicano está enterrando a sus líderes. Estos son solo cuatro nombres de una lista que crece todos los días en todo el país. En México, sembrar se ha vuelto un acto de verdadera valentía”, afirmó.
Romero Celis citó el censo agropecuario del INEGI, según el cual casi una de cada cuatro unidades de producción del país reporta que la inseguridad frena su trabajo.
Señaló que la extorsión alcanzó en el primer semestre de este año su cifra más alta en 11 años, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y que nueve de cada diez casos ni siquiera se denuncian.
La legisladora explicó que el crimen cobra cuotas “por hectárea, por tonelada, por camión, por caminos sacacosechas”, y que ese costo lo absorben el productor y el transportista, pero termina trasladándose al consumidor final, lo que encarece la canasta básica y los alimentos en general.
Sobre la propuesta, explicó que la fracción XX del artículo 27 obliga actualmente al Estado a apoyar al campo con infraestructura, créditos, insumos y asistencia técnica. “De nada sirve un crédito si su función será terminar pagando las cuotas del crimen organizado”, sostuvo. Por ello planteó agregar una obligación específica: que el Estado garantice la seguridad de quienes producen y la continuidad de la cadena productiva frente a la extorsión, a través de todas sus instituciones, incluidas las fiscalías de los estados.
En ese punto, la senadora señaló que los expedientes de las pocas denuncias de campesinos quedan “al final de la pila” y que así se lo expresó directamente el fiscal de Colima: que no son prioridad.
Romero Celis cerró con un llamado a sus colegas: “En este pleno hay diferencias ideológicas y políticas, pero no conozco a nadie aquí que no coma lo que el campo produce”. Pidió que la reforma sea un acuerdo de todas y todos “por Bernardo, por Javier, por Eduardo, por Samuel, por tantas y tantos productores que han fallecido ante el crimen organizado”.
“El campo no tiene colores; el campo es de todas y todos los mexicanos”, concluyó la senadora. La propuesta fue turnada a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.