No hay desarrollo sin verdad
Pbro. Juan José González Sánchez
He leído con atención el número 71 de Ciudadanía Católica y Análisis Social, dedicado a una lectura crítica del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es un documento fuerte, incluso incómodo en algunos planteamientos, pero precisamente por eso merece ser leído y reflexionado. No para aceptar cada una de sus conclusiones, sino para hacernos una pregunta que, como cristianos y como ciudadanos, no deberíamos eludir: ¿estamos verdaderamente interesados en conocer la realidad de nuestro país, incluso cuando esa realidad contradice lo que queremos creer?
El documento comienza recordando una enseñanza de Benedicto XVI en Caritas in veritate: no puede existir auténtico desarrollo humano separado de la verdad. Me parece que ahí se encuentra el punto más importante de toda la reflexión. La verdad no tiene partido político. No es de izquierda ni de derecha, no pertenece al gobierno ni a la oposición. Y precisamente por ello, nuestra responsabilidad ciudadana no consiste en creer automáticamente todo lo que dice quien gobierna, pero tampoco en rechazarlo automáticamente. Discernir significa contrastar, preguntar, verificar y tratar de mirar la realidad completa.
El análisis cuestiona la imagen optimista presentada en el Segundo Informe y concentra su preocupación en la situación económica. Señala el bajo crecimiento, la pérdida de empleos formales y de empresas, la incertidumbre para invertir y la importancia que tiene para México la relación comercial con Estados Unidos y Canadá. Utiliza, entre otras referencias, información del INEGI, del Banco de México, del IMSS, de la COPARMEX y de organismos empresariales. Particularmente significativa es la distinción que plantea entre empleo y empleo formal: no basta que una persona consiga alguna actividad para sobrevivir; una familia necesita también estabilidad, seguridad social y posibilidades reales de construir un futuro.
También se revisan los logros presentados oficialmente en materia de salarios, programas sociales, educación, salud, seguridad, infraestructura y energía. El documento reconoce algunos datos positivos —por ejemplo, el incremento real del salario mínimo—, pero sostiene que varias cifras requieren contexto y cuestiona que algunos resultados permitan concluir que la situación general del país sea tan favorable como se presenta oficialmente. En seguridad, por ejemplo, contrasta la reducción anunciada de homicidios con otros fenómenos como las desapariciones y la presencia del crimen organizado.
Hay afirmaciones mucho más severas respecto de la democracia, las instituciones, la delincuencia organizada y diversos personajes políticos. Son señalamientos que, por su gravedad, no debemos convertir automáticamente en certezas por el simple hecho de aparecer en un documento. También ahí debe funcionar el discernimiento que el propio texto propone: investigar, contrastar fuentes y distinguir cuidadosamente entre datos comprobables, interpretaciones políticas y acusaciones que requieren evidencia suficiente. La búsqueda de la verdad obliga a todos, también a quien critica al poder.
Pero hay una preocupación de fondo que sí considero indispensable recoger: una democracia sana necesita ciudadanos despiertos. Cuando dejamos de preguntar porque gobierna alguien con quien simpatizamos, renunciamos a parte de nuestra responsabilidad. Y cuando damos por falso todo lo que hace un gobierno porque no simpatizamos con él, hacemos exactamente lo mismo desde el extremo contrario.
Un cristiano tampoco está llamado a vivir encerrado en la sacristía. La fe tiene consecuencias sociales. Nos importa que una familia pueda comer dignamente, que un joven tenga educación de calidad, que un enfermo encuentre medicamentos, que quien trabaja tenga seguridad social, que una persona pueda caminar por su comunidad sin miedo y que las instituciones protejan a todos, independientemente de su posición política. El bien común no es una consigna partidista: es una exigencia moral.
Por eso me parece especialmente valiosa una de las líneas de acción con las que concluye el documento: acudir directamente a información proveniente de instituciones, universidades, centros de investigación y organismos especializados para conocer mejor la realidad nacional. Hoy tenemos una enorme cantidad de información a nuestro alcance, pero paradójicamente eso no garantiza que estemos mejor informados. Podemos terminar escuchando únicamente aquello que confirma lo que ya pensábamos.
No quisiera que esta reflexión se leyera como una invitación a favor o en contra de un partido. Sería reducir demasiado la responsabilidad cristiana. Lo que necesitamos es recuperar una ciudadanía capaz de exigir verdad, justicia, transparencia, seguridad, instituciones confiables y auténtica preocupación por los más vulnerables, gobierne quien gobierne.
México no pertenece a un partido político, a un presidente, a una corriente ideológica ni a un grupo económico. México es nuestra casa común. Y cuidarla exige algo más difícil que repetir consignas: exige informarnos, pensar, participar, dialogar y, cuando sea necesario, exigir.
Como creyentes podemos discrepar profundamente sobre las soluciones políticas. Lo que no deberíamos permitirnos es volvernos indiferentes ante la realidad.
Porque buscar sinceramente la verdad también es una forma de servir al prójimo y de trabajar por el bien común.