Juez federal concede nueva suspensión provisional a la JUFED
Esta es una de las múltiples resoluciones judiciales que diferentes jueces y magistrados del país otorgan a quejosos contra la reforma judicial
Redacción – Dimensión
Un juez federal con sede en Morelia, Michoacán, concedió una suspensión provisional a la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados del PJF (JUFED) contra la reforma judicial.
De acuerdo con la información de la JUFED, el juez Sergio Santamaría Chamú otorgó la suspensión provisional contra la implementación de la reforma, situación que, específicamente, beneficia a jueces y magistrados adscritos a la Asociación para evitar el cese masivo de impartidores de justicia (para su elección por voto popular).
“Este amparo tiene como objetivo salvaguardar la estabilidad laboral de las personas juzgadoras, previniendo cualquier cese masivo que pudiera afectar negativamente nuestras carreras y la impartición de justicia en México”, apuntó la Asociación.
Esta es una de las múltiples resoluciones judiciales que diferentes jueces y magistrados del país otorgan a quejosos contra la reforma judicial, publicada oficialmente el pasado 15 de septiembre en México.
La reforma judicial ha generado movilizaciones por parte de trabajadores del Poder Judicial de la Federación, quienes acusan que este decreto afecta la división de poderes en el país y atenta contra la independencia judicial.
Incluso, provocó un inédito paro de más de dos meses en todos los juzgados y tribunales federales, tiempo en que solo se resolvieron asuntos de carácter urgente.
“La suspensión provisional otorgada beneficia a todos nuestros asociados, ordenando a las autoridades responsables que implementen las acciones necesarias para impedir los efectos y consecuencias del decreto de reforma judicial en la esfera jurídica de quienes forman parte de esta Asociación”, indica la JUFED.
El próximo martes 5 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá un proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que a partir de diferentes impugnaciones presentadas por partidos políticos de oposición, generó una propuesta en la que no busca anular por completo la reforma; más bien, declarar la invalidez de algunas disposiciones como la elección de jueces y magistrados (y su cese masivo).
