Sheinbaum pide invalidar candidatos judiciales con nexos delictivos
La petición de la Mandataria mexicana se originó a partir de las declaraciones del senador Gerardo Fernández Noroña
Redacción – Dimensión
La Presidenta Claudia Sheinbaum solicitó este miércoles al Tribunal Electoral que se anulen las candidaturas de aquellos aspirantes a la primera elección popular del Poder Judicial que se descubra tengan vínculos con el narcotráfico. La petición de la Mandataria se da después de que el Senado admitiera la existencia de candidatos con tales conexiones.
“Desde mi particular punto de vista, y veremos qué decide el Tribunal, podría, aunque ya esté en la boleta, ponerse una medida precautoria o, en su caso, descalificar a la persona”, expresó Sheinbaum en su conferencia matutina.
La petición de la Mandataria mexicana se originó a partir de las declaraciones del senador Gerardo Fernández Noroña, quien reveló el martes que se habían identificado candidatos a las elecciones judiciales del 1 de junio que actuaban como “defensores de narcotraficantes”.
Además, la organización civil “Defensorxs” ha registrado en su sitio web “Justicia en la mira”, 13 candidatos con presuntos vínculos al crimen organizado, delitos sexuales, sectas político-religiosas y otras anomalías. Entre estos casos destaca el de Silvia Rocío Delgado, quien previamente fue abogada del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera.
También sobresale Francisco Herrera Franco, candidato a juez penal federal de Michoacán, donde está acusado de pactos con criminales, le apodaban “el fiscal del terror” cuando ocupó tal cargo (2020-2022) y está señalado por posible implicación en el asesinato de los periodistas Roberto Toledo y Armando Linares en 2022.
Ante la polémica, la Presidenta señaló que puede presentarse una queja “si hay algún caso en donde se encuentre que” un candidato a juez o magistrado “no cumple con la Constitución”, que establece que los aspirantes deben tener “probidad” y una calificación de 8 sobre 10 en sus estudios universitarios.
“Pero tendrían que presentarse todas las pruebas de que es así, pero hasta ahora quien tendría que definirlo es la última instancia, que es el Tribunal Electoral”, acotó.
Los hechos reflejan la polémica en torno a la primera elección popular del Poder Judicial el 1 de junio, cuando un récord de 99.7 millones de votantes están llamados a elegir por primera vez 881 cargos de entre 3 mil 422 candidatos, incluyendo la Suprema Corte, el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral.
Las campañas comenzaron el 30 de marzo tras alertas de la oposición, organismos internacionales como la ONU, actuales jueces y asociaciones civiles de una posible intromisión del Ejecutivo y del crimen organizado en los comicios y, por ende, en la justicia.
