Nudo gordiano
Ayotzinapa, la herida que no cierra
Yuriria SIERRA
Una vez más, Guerrero se tiñó de luto, indignación y profunda desconfianza hacia las autoridades. El asesinato del estudiante normalista a manos de un policía estatal ha reabierto las profundas heridas que la tragedia de los 43 normalistas desaparecidos dejó en esa entidad y en todo el país.
El 7 de marzo, en Chilpancingo, un estudiante de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Yanqui Khotan, perdió la vida. La versión inicial de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Guerrero hablaba de un enfrentamiento, pero la Fiscalía estatal descartó esta narrativa. En cambio, se abrió una investigación contra los policías estatales como probables responsables de homicidio calificado.
La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, ha aceptado las renuncias del secretario de Gobierno y del secretario de Seguridad, además de remover a la fiscal del estado. Estas acciones reflejan la gravedad de la situación y la necesidad de rendición de cuentas.
El saldo, un estudiante más asesinado a manos de fuerzas de seguridad que se han ganado una reputación manchada por la corrupción, los abusos de autoridad y los vínculos con el crimen organizado.
La desconfianza hacia los cuerpos policiales ha calado hasta los tuétanos en Guerrero. Y cómo no, si los propios funcionarios encargados de velar por la seguridad ciudadana representan hoy una amenaza letal.
El caso del normalista es, por desgracia, sólo un crimen más que se suma a la terrible lista de atrocidades cometidas en contra de los estudiantes de la emblemática normal de Ayotzinapa.
A más de diez años de la noche negra de Iguala y el desastre del enfrentamiento contra la delincuencia organizada que originó la desaparición de los 43 estudiantes, las heridas de esa tragedia no sólo siguen abiertas, sino que han derivado en una profunda crisis de desgobierno, ingobernabilidad e impunidad generalizada.
De nada han valido las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los llamados de organismos internacionales. En Guerrero, la sangre de víctimas inocentes sigue corriendo a raudales, mientras el estado ha demostrado su incapacidad para poner orden.
La Fiscalía General del Estado debe llevar a cabo una investigación exhaustiva y transparente. La sociedad exige respuestas y que se haga justicia. La remisión de información a la Fiscalía General de la República es un paso importante para garantizar la imparcialidad y la rendición de cuentas.
Los familiares de Yanqui Khotan enfrentan un dolor inimaginable. La comunidad estudiantil y la sociedad en general se unen en la lucha por la verdad y la seguridad. Guerrero necesita más que nunca una transformación profunda para proteger a sus ciudadanos y garantizar un futuro más seguro.
En este momento de crisis, recordemos que cada vida perdida es una tragedia. La memoria de Yanqui Khotan debe impulsarnos a buscar un cambio real y a no olvidar la urgencia de la justicia y la paz en Guerrero.
Urge un replanteamiento integral y de fondo de las estrategias fallidas de seguridad pública en la entidad. Fortalecer a las fuerzas del orden bajo estrictos controles, desmantelar las redes de corrupción enquistadas y combatir la impunidad que permea en todos los niveles.
Pero, sobre todo, las autoridades deben recobrar la confianza y legitimidad perdidas con tragedias como la de Ayotzinapa y los cientos de crímenes atroces perpetrados en años recientes.
De lo contrario, el Estado acabará por convertir a Guerrero en una réplica de esa devastadora distopía del “mundo del revés”, donde los delincuentes gobiernan y las víctimas son los ciudadanos indefensos. Un escenario inaceptable para un país que se precie de ser un Estado de derecho. No sólo es Guerrero, es el país.
