Forman consejeros para mejorar atención en centros de adicciones
Se atiende con pleno respeto a los derechos humanos, subraya la Secretaría de Salud
Con el objetivo de otorgar una atención más profesional a personas dependientes de sustancias psicoactivas en establecimientos residenciales especializados en adicciones en la entidad, la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Colima ha impulsado a través del Comité Estatal para la Supervisión de Establecimientos Residenciales Especializados en Adicciones, la capacitación y certificación de las y los servidores, operadores y promotores de estos inmuebles en el estándar de competencia ECO-538 “Consejería en Adicciones”.
La Comisión Estatal de Salud Mental y Adicciones de la dependencia indicó que el abuso y dependencia de sustancias psicoactivas exige contar con una variedad de recursos humanos especializados, técnicos y profesionales, capacitados en la orientación, asistencia y tratamiento de las adicciones.
Agregó que inició la formación de consejeras y consejeros, a los cuales se proporcionan conocimientos, habilidades y herramientas para el proceso de acompañamiento a personas afectadas por el consumo de drogas en los centros residenciales que brindan servicios de tratamiento y rehabilitación de las adicciones.
Con esta capacitación, añadió, se asegura que la atención brindada en estos establecimientos sea con pleno respeto a sus derechos humanos, incluyendo el derecho a recibir la mejor atención disponible, acorde con sus antecedentes culturales, sin discriminación y con respeto a la dignidad de cada persona.
Explicó que la consejería que se proporciona en los establecimientos facilita el progreso de la usuaria o usuario en el tratamiento y rehabilitación, a través de la definición de metas y objetivos claros del proceso de intervención determinados por la consejera o el consejero, y la usuaria o usuario de los servicios.
Finalmente, indicó que el Comité está conformado por representantes de instancias de salud, procuración de justicia, desarrollo social, derechos humanos, seguridad pública, protección civil, universidades y organizaciones de la sociedad civil, a fin de vigilar y promover el estricto apego a la normatividad vigente en materia de tratamiento a las adicciones.
