Caldero Político
Juan Ángel MAGAÑA HERNÁNDEZ/Periodista
Reforma constitucional que castiga a deudores alimentarios, sigue en suspenso
Desde el canal del Congreso de la Unión, hemos venido dando seguimiento a la reforma constitucional que castiga a los deudores alimentarios, pero para que estos ciudadanos y ciudadanas no se les permitan en la Ley, participar en un proceso político electoral para un cargo dentro del servicio público.
Dicha Minuta de reforma constitucional, se encuentra en la Cámara Revisora el Senado de la Republica, donde se siguen presentado coacciones en pro de evitar que el mismo Senado, apruebe la minuta 3 de 3 que impediría ocupar cargos en el servicio público o de representación popular, a quienes hayan sido sentenciados por violencia familiar o, delitos sexuales y a los morosos en el pago de pensiones alimentarias
Estando a tan solo una semana de que concluya el periodo ordinario de sesiones, ha habido cabildeo intenso de Diputados, sobre todo del PT, para que la minuta que la Cámara de Diputados remitió al Senado no se vote, mientras las Senadoras de Morena Olga Sánchez Cordero y Malú Mícher hacen todo para impulsarla.
El pasado jueves 20 de abril, el Coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y Presidente de la Jucopo en el Senado de la Republica, Senador Ricardo Monreal, aclaró que era falso y tendencioso que él la hubiera enviado a la congeladora. No tengo facultades legales ni protejo agresores en este rubro, aseveró el Senador, y dio a conocer que la mesa directiva ya había turnado la minuta a las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos.
Para los legisladores federales del partido en el poder Ejecutivo, es de gran relevancia y tiene un gran avance para castigar a aquellos actores políticos que se les acredita como personas violentadoras, abusadores sexuales, o deudoras alimentarios morosas, ya nunca más, en México ya no se debe aceptar como representantes populares a este tipo de ciudadanos y ciudadanas.
Dentro de las entidades federativas como es el Estado de Yucatán, se tiene un precedente donde el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, validó los Artículos 15, fracción XI, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos; 55, fracción II, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 26, fracción VII, del Código de la Administración Pública, todos ordenamientos del estado de Yucatán. Con el objeto de que dentro de los requisitos de elegibilidad el candidato o candidata, debe no ser persona deudora alimentaria morosa, para acceder a los cargos de Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, titular de las dependencias o entidades que integran la administración pública de ese estado, así como, para ser postulado a una candidatura en cargo de representación popular u candidatura independiente.
Esta propuesta de reforma, contempla la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias que será público y se actualizará mensualmente con las personas que adeuden pensiones mayores a 90 días. La base de datos contará con nombre y CURP del deudor, el órgano que ordenó la inscripción, el monto de la obligación alimentaria y el plazo de pago. Actualmente existen registros estatales que concentran datos de los deudores alimentarios en Ciudad de México, Chiapas y Coahuila, la reforma pretende homogeneizar el sistema para garantizar el desarrollo integral de los niños.
En México, tres de cada cuatro hijos de padres separados, no reciben pensión alimentaria y el 67.5% de las madres solteras en nuestro país enfrentan la evasión de las obligaciones de sus exparejas, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística (INEGI). Las personas registradas en la lista de deudores, no podrán ser candidatos a cargos de elección popular ni participar como aspirantes a jueces locales y federales. Además, todas las personas que pretendan contraer matrimonio deberán acreditar la no inscripción frente al Registro Civil y los deudores enfrentarán restricciones migratorias, siempre que existan argumentos que sugieran su salida del país como un medio de evasión de su deuda.
Veremos pues en que quedan estos jaloneos en aprobar esta gran reforma, que civilmente es un gran avance para que en el ámbito público y político, no se permita participar en un proceso político electoral para un cargo dentro del servicio público o de elección popular. Esteraremos pendientes para ejercer el análisis político, jurídico, critico constructivo y objetivo de ello.
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