Solicita Semar inversión para embarcaciones de vigilancia

La Secretaría de Marina (Semar) necesita de una inversión de más de mil millones de pesos para culminar con uno de los proyectos más ambiciosos: detener el tráfico de drogas en aguas nacionales, combatir el terrorismo y sabotaje en instalaciones de Pemex, además de detener pesca ilegal y el contrabando de armas.

La Marina tiene unas 72 embarcaciones para la vigilancia del 60 por ciento de los 247 mil 175 km2 de la Zona Económica Exclusiva. Según lo estimado, requiere de 120 para lograr la cobertura del 100 por ciento, de acuerdo a un diagnóstico interno.

Fue desde 2021 cuando la Semar urgió la construcción de 48 embarcaciones. No obstante, la Marina reconoce que, aunado a esta necesidad, existen embarcaciones interceptoras que ya cumplieron su ciclo de vida óptima, como es el caso de las embarcaciones Polaris I con fecha de entrega en 1999.

El proceso de modernización implica Embarcaciones de Respuesta Inmediata (ERI), de alta velocidad, maniobrabilidad en aguas poco profundas, “idóneas para efectuar operaciones de persecución e intercepción”. También servirá para el resguardo de 55 instalaciones de Pemex en el Golfo de México y de la CFE ante posibles amenazas terroristas o sabotajes.

El costo de inversión fue de mil 011 millones de pesos para el periodo 2021-2023 para una etapa de operación hasta 2043.

Con lo que actualmente cuenta, en la Semar informaron que no se puede dar una respuesta eficiente para combatir las amenazas a la seguridad nacional, como:

-Actos de interferencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan implicar afectaciones al Estado de Mexicano.

-Actos que obstaculicen o bloqueen operaciones militares o navales contra la delincuencia organizada.

-Actos que pretendan consumar el tráfico de materiales ilegales, armas químicas, biológicas y convencionales de destrucción masiva.

-Actos en contra de la navegación marítima.

-Actos de financiamiento de acciones y organizaciones terroristas.

-Actos de piratería afectando o inhabilitando infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes y servicios públicos.

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