Caldero Político

INE ordena bajar promocionales de Revocación de mandato

Juan Ángel MAGAÑA HERNÁNDEZ/Analista Político

En la colaboración pasada analizamos que mientras más se vaya acercando la fecha cumbre de la Revocación de mandato en favor del Titular del Poder Ejecutivo Federal, seguirán ejerciéndose los desencuentros entre actores políticos, y también entre el Consejo General del INE, el Partido Político Morena y el Ejecutivo Federal, ello como una lucha de fuerza para ver quién es el que más puede en esta disputa legal y de no violación a la norma fundamental. Los Legisladores Federales de Morena y aliados, aprobaron en San Lázaro mediante albazo legislativo, un decreto para establecer que la difusión de la revocación de mandato no sea considerada propaganda gubernamental. Con dicha medida normativa, los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo podrían promover la consulta que se realizará el 10 de abril próximo, a pesar de que originalmente se impuso una veda a estos promocionales y que en Colima se pueden observar mediante espectaculares en algunas avenidas de la ciudad capital. Con ello la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró procedentes las medidas cautelares solicitadas, a través de 26 quejas, presentadas por los partidos políticos de Acción Nacional, Revolución Democrática y del Revolucionario Institucional, así como diversos ciudadanos de la sociedad civil en contra del Partido Político de Morena, por la colocación de propaganda en espectaculares, lonas, bardas y adheridas en postes, en 19 entidades de la república mexicana, cuyo contenido, pretende influir indebidamente al Titular del Ejecutivo Federal durante el proceso de Revocación de Mandato, en contravención a la Constitución Federal y a la ley reglamentaria. Los Consejeros y Consejeras del INE, en un análisis exhaustivo y objetivo razonaron que si bien la ciudadanía se encuentra en plena libertad para externar su posición en torno al proceso de Revocación de Mandato en favor del Titular del Poder Ejecutivo Federal, y hacer pública sus diferentes posturas ya sea que consideren que se le debe revocar el mandato o continuar en el cargo hasta que concluya su mandato en 2024, ello debe estar libre de injerencias, financiamiento público y de intervenciones partidistas o gubernamentales. De dicha investigación ejercida por el INE refleja, una perspectiva legal que la propaganda consiste en 278 anuncios espectaculares, 21 elementos de propaganda adherida en equipamiento urbano, 36 bardas y 11 lonas, que guardan exacta identidad gráfica, tipo, costo, magnitud y ubicación, misma que resulta coincidente con la propaganda difundida por “Que Siga la Democracia A.C.” en su portal de internet, la cual fue desplegada en 15 entidades federativas como lo son: Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Colima, Durango, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas, Estado de México, Guerrero, Veracruz y Yucatán, y se está en proceso de verificación en cuatro entidades más como Chiapas, Chihuahua, Sonora y Sinaloa  en las que se está desarrollando el proceso de verificación lo que da un total de 19 entidades federativas. La justificación de estas medidas cautelares es la de preservar el orden constitucional, así como los principios de legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad en el contexto del actual proceso de Revocación de Mandato. En el entendido de que los razonamientos expuestos en el acuerdo aprobado, no prejuzgan sobre la existencia de las infracciones denunciadas, lo que en todo caso será materia de la resolución que se ocupe del fondo de la cuestión planteada que en su oportunidad, será emitida por la Sala Regional Especializada del TEPJF. Entonces, se vislumbra una vez más la lucha de fuerzas entre el INE, Morena y el Poder Ejecutivo, donde pueden ejercerse dos escenarios tangibles: a).- Se aplica el estado de derecho donde nada ni nadie está por encima y se aplica el imperio de la ley o, b).- Se ejerce el estado absolutista  donde el gobernante, es considerado la autoridad máxima, por encima de todas las leyes y de cualquier institución pública autónoma, tergiversando la expresión del derecho romano, donde en todo estado de derecho debe de prevalecer en acatamiento a las leyes, sin presunción de estar por encima de estas. Veremos que sucede y estaremos pendientes para ejercer el análisis político, jurídico-político, critico constructivo y objetivo de ello.

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