No somos cómplices de nadie: Indira
*Asegura Vizcaíno Silva, sobre uso de factureras del gobierno estatal anterior, de Colima
*La gobernadora electa advirtió que esperarán a la toma de protesta y a una auditoría
*Para hacer las denuncias correspondientes, en contra de la administración de José Ignacio Peralta Sánchez
Santiago Castañeda Ponce | Dimensión
Indira Vizcaíno Silva, gobernadora electa de Colima, adelantó que harán las denuncias correspondientes, por uso de empresas factureras, por parte de la administración estatal anterior, encabezada por José Ignacio Peralta.
En entrevista con Alejandro Cacho, en el programa República H, en El Heraldo Televisión, explicó que primero esperarán a la toma de protesta y a una auditoría, para ir con las autoridades competentes, por estos hechos.
A su vez, rechazó que sean cómplices o de que tengan un acuerdo con funcionarios de la administración estatal pasada. “Tendremos un gobierno transparente y pondremos fin a una era de corrupción, en nuestro Estado”, expresó.
Destacó que el anuncio sobre las empresas factureras, son datos del año 2018. Explicó que no han podido revisar, por falta de transparencia en el procesos de recepción, el resto de los años, hasta este 2021.
La morenista no descartó que en estos años faltantes por revisar, hayan seguido con estas prácticas. Apuntó que además, podría haber implicados ex funcionarios del gobierno federal anterior, presidido por Enrique Peña Nieto.
“Haremos las denuncias pertinentes y lo estaremos transparentando en los medios de comunicación”, aseveró.
La administración estatal del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez realizó adjudicaciones directas a sociedades financieras, relacionadas con la práctica de “factureras”, denunció la gobernadora electa, Indira Vizcaíno Silva.
En rueda de prensa, para dar a conocer el avance del proceso de entrega-recepción, Vizcaíno Silva detalló que las referidas contrataciones, fueron por concepto de asesorías, cuyo monto aumentó de un millón de pesos anuales, a 97 millones de pesos, en el 2018, año electoral.
Estas empresas, fueron contratadas para hacer “diferentes estudios y análisis”, y su adjudicación directa, se realizó con oficios de excepción, sin llevar a cabo los procesos de licitación, lo que se convirtió en una práctica común de la Secretaría de Finanzas del Estado.
