Caldero Político
El debate sobre una nueva coordinación fiscal hacendaria
Juan Ángel MAGAÑA HERNÁNDEZ/Analista político
La próxima semana los Diputados y Diputadas de la Cámara de Diputados en San Lázaro, empezaran a debatir y analizar el paquete económico federal 2022, donde buscaran los legisladores federales establecer un equilibrio de apoyo financiero a los 32 estados de la república y a los municipios del país. Pero también los legisladores deben poner cartas sobre la mesa sobre la necesidad de establecer una nueva coordinación fiscal federal, donde la federación transfiera las participaciones federales que recaudan los estados al gobierno o federal y este, los reparta en forma, justa, equitativa y distributiva conforme a la recaudación captas por las entidades federativas. Se requiere una nueva coordinación hacendaria integral, que considere tanto los ingresos como los gastos, pero también la deuda crédito de los estados de la república, donde se contemple dotar a los distintos niveles de gobierno de recursos financieros públicos requeridos; pero que al mismo tiempo, considere la asignación de recursos en base a factores de equidad, productividad y eficiencia. Hoy se tiene en México, un federalismo fiscal que organiza a los tres órdenes de gobierno con independencia política recíproca. Para que este federalismo funcione adecuadamente es indispensable que haya una coordinación entre ambos órdenes de gobierno. Una de las principales tareas de la coordinación entre el gobierno federal y las distintas entidades federativas es determinar cómo se van a distribuir los recursos que le tocan a cada uno de los estados. Las fórmulas de distribución están contenidas en la Ley de Coordinación Fiscal. Esta ley contiene sólo las participaciones y aportaciones federales que tienden a representar el 81.2 por ciento del gasto federalizado. Y las participaciones y aportaciones federales representan el 6.7 por ciento del Producto Interno Bruto y el 27.5 por ciento del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2022 de la Federación que está en análisis y debate en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. El Fondo General de Participaciones a estados y municipios viene prevista en el artículo 2° de la Ley de Coordinación Fiscal, donde este fondo se constituye solo con el 20 por ciento de la recaudación federal participable. Antes del año 2008, esta distribución de recursos entre las entidades federativas dependía del 45.17 por ciento de los niveles de población; este 45.17 por ciento de los cambios en la recaudación de impuestos asignables; y el 9.66 por ciento del inverso de la población y de la recaudación de impuestos asignables. A partir del año fiscal del 2008, se tomó la distribución de recursos de 2007 y se adicionó un componente que depende del 60 % del cambio del PIB; del 30 por ciento del incremento de la recaudación local; y del 10 por ciento de los niveles de recaudación federal. En este siglo veintiuno y ante un nuevo escenario de déficits presupuestales en algunos estados de la república Problema vigente, se tiene que ninguno de los tres ámbitos de gobierno cuenta con los recursos suficientes para cubrir sus necesidades en gastos. Existen rezagos financieros importantes en salud por el Covid 19, desnutrición, educación y acceso a servicios básicos que se acentúan en ciertas zonas del país y que no son atendidos por el sector público, debido a falta de recursos. Cabe aclarar que las diferencias en los niveles de bienestar de la población, se originan dentro de las entidades federativas, inclusive en las que ostentan mejor desarrollo económico. El sistema ha dado lugar a una gran dependencia de los gobiernos locales con respecto a la federación. Entonces, ¿cuáles son los obstáculos para que no se impida una nueva coordinación fiscal entre estados y federación?. La pobreza y la marginación son uno de los obstáculos que padecen millones de mexicanos. Se considera que la pobreza en el país es un desafío importante y que está asociada a una gran desigualdad. En 2018, de acuerdo con el Banco Mundial, 51.7 por ciento de la población vivía en pobreza y 20.3 por ciento en pobreza extrema. De este modo, pensar en un incremento a los impuestos tendría un costo social muy alto, para la izquierda de la 4T. Otro de los grandes problemas por resolver y que parece que el presupuesto federal 2022 atiende, es la gran evasión fiscal. Por ejemplo el caso del IVA, dependiendo de la metodología utilizada, se ha calculado que en México, entre el 30 y 60 por ciento del potencial teórico elude el pago, por lo que la carga fiscal recae en un pequeño sector de la población, para quienes cubren sus impuestos representa una disminución notable de sus ingresos. Es necesario replantear una nueva coordinación fiscal en pro de fortalecer la hacienda pública nacional, donde se le asigne un mayor porcentaje dentro del ramo 28, a las entidades federativas con una mejor potestad tributaria, como gravámenes locales a las ventas y servicios al consumo final y el estatal al ingreso de las personas físicas. Ambas propuestas son excelentes, siempre que no implique un incremento en los impuestos de los ciudadanos y se origine un primer paso para otorgar dichas potestades a los gobiernos locales, lo que llevaría a compartir entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, algunas de las contribuciones de mayor capacidad recaudatoria, como el IVA o ISR, y disminuir en la misma proporción las transferencias que actualmente otorga el gobierno federal a los estados. Es necesario ya, encontrar el justo equilibrio entre autonomía y centralización de los tributos. ¿Qué ventajas tendría este esquema? Pues se lograría que los tres niveles de gobierno, (Federal, Estatal y Municipal) compartieran responsabilidades y asumieran los costos políticos de recaudar impuestos y ejercer un gasto público acorde de sus necesidades. Además, se lograría una mayor vinculación entre gasto y esfuerzo recaudatorio; así, los ciudadanos tendríamos la posibilidad de conocer el destino que se da a los gravámenes que pagamos y podríamos influir en la calidad del gasto público, manifestando las preferencias políticas en las urnas. Por otra parte, si para el contribuyente son obvios los beneficios del gasto público, seguramente le será más fácil cumplir con el pago de contribuciones, lo cual sería un elemento de apoyo en el combate a la evasión fiscal. Ese es el gran reto, pero como siempre estaremos atentos para ejercer el análisis político, objetivo, jurídico, imparcial y crítico constructivo de ello. Comentario Final.- El fin de semana el Círculo de Analistas Políticos en el Estado de Colima, nos reunimos con el Diputado Federal Riulth Rivera Gutiérrez, donde es integrante de dos Comisiones legislativas en San Lázaro, en la Comisión de Hacienda y Crédito Público y en la Comisión de Pesca. Afirmó que estará presentando una propuesta Legislativa para fortalecer al puerto de Manzanillo sobre todo en la aduana, ello por las fortalezas importantes que tiene la aduana en Manzanillo pero también las de los demás puertos del país. Se comprometió a revisar las pensiones del ISSTE que perjudica a los jubilados y pensionados por pagarles esta misma en UMAS, pero también, se comprometió a revisar las iniciativas congeladas, dentro de la Comisión de Hacienda, que proponen reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, en apoyo a las entidades federativas y a los municipios del país, así como, de que el paquete fiscal federal 2022, sea el estado de Colima apoyado con recursos para diversos programas que requiere nuestra entidad, en coordinación con la Gobernadora Electa Indira Vizcaíno Silva, quien expreso que tratara de reunirse con ella, con el fin de entablar coordinación en estos temas. Le deseamos el mejor de los éxitos al Diputado Riulth Rivera, sabedor que enarbolara su gestión y trabajo legislativo en favor de Colima y su pueblo. Mi correo: jamhcom@gmail.com
