Improcedente, demanda de diputados; SCJN
*Legisladores de Morena y PT presentaron acción de inconstitucionalidad en contra del decreto con el cual el Congreso autorizó al gobierno estatal a contraer uno o varios créditos
Redacción – Dimensión
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó de plano, por notoria y manifiesta improcedencia, la demanda presentada en vía de acción de inconstitucionalidad por diversos diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y del Partido del Trabajo (PT).
De esta forma, termina la afrenta de los diputados locales que pretendían hacer valer una acción de inconstitucionalidad en contra del crédito solicitado por el Ejecutivo estatal
Cabe recordar que el pasado 4 de agosto del presente año, la diputada Claudia Aguirre, de Morena, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad en contra del decreto con el cual el Congreso del Estado autorizó al gobierno estatal contraer uno o varios créditos por hasta 740 millones de pesos.
Dicho documento contaba con la anuencia de los diputados de Morena, Vladimir Parra, Araceli García Muro, Livier Rodríguez, Arturo García Arias y Rogelio Salinas, además de las legisladoras del Partido del Trabajo (PT), Ana Karen Hernández y Mayra Villalvazo.
La solicitud de crédito por parte del Gobierno del Estado de Colima, fue aprobada el pasado 7 de julio y el Decreto Núm. 286 fue publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 9 de julio.
Tras la radicación y asignación del asunto, se procedió a su análisis por parte del Ministro Instructor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, notificándose en la lista extraordinaria de notificaciones de la sección de trámite de controversias constitucionales y de acciones de inconstitucionalidad de este viernes 11 de septiembre, el acuerdo del 09 de septiembre del presente, mediante el cual señala que se desecha de plano, por notoria y manifiesta improcedencia, la demanda presentada.
De esta forma, termina la afrenta de los diputados locales que pretendían hacer valer una acción de inconstitucionalidad en contra del crédito solicitado por el Ejecutivo estatal.
